Rodeado por asesores cubanos, el presidente Luis Arce impulsa cambios en el código penal para que las conductas y expresiones que produzcan “temor en la población” sean definidas como terrorismo y sus autores sean condenados a 25 años de cárcel, como ocurre en Cuba.
Pero, además, tiene un proyecto de ley que castigaría con ocho años de cárcel a quien fuera acusado de “discriminación y odio” racial, denuncian los diputados opositores.
El proyecto principal tiene el extraño apoyo de los dos bandos en que está dividido el MAS en todos los otros temas. Los dos bandos coinciden también en el respaldo a todas las iniciativas que aseguren la permanencia del fraude electoral, quienquiera que sea el candidato futuro del partido oficialista.
La misma iniciativa de reforma del código penal se propone aplicar la “censura previa” en los medios de comunicación e incluso en las redes sociales, según denuncian las organizaciones de periodistas muy decepcionadas por la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El propósito principal del proyecto de ley 280 es definir como terrorismo, con retroactividad, las afirmaciones de actores políticos que en 2019 denunciaron el fraude electoral cometido por el candidato Evo Morales, fraude que fue comprobado y demostrado por la propia OEA.
Arce se propone con esta medida dar a los jueces manejados por el gobierno el respaldo legal para que condenen a los opositores de entonces, como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además Jeanine Áñez, y de esa manera espera contentar a Evo Morales, que acaba de romper con su gobierno.
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