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Medidas para exjueza acusada por dos delitos en causa de disputa de propiedad en la zona de Cerro Grande

El juez del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en audiencia de declaración de imputado la medida de detención judicial a la exjueza Thelma Cantarero.

Cantarero es acusada por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 11 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

Por este caso, también están acusadas las exjuezas Zoila Rosa Hernández y Ruth Anabella Cruz Zamora por los mismos delitos.

La acusación se relaciona con un prolongado conflicto de propiedad en la colonia Cerro Grande, en el que están involucradas una familia y una empresa urbanizadora.

Las imputaciones surgieron a raíz de la presunta omisión de las exjuezas en la resolución de excepciones clave, como la falta de acción y la incompetencia, en un caso de disputa de propiedad. Además, se les acusa de haber ordenado un desalojo que, según las investigaciones, se ejecutó de manera irregular, afectando los derechos de numerosas familias.

De acuerdo con las indagaciones del MP, el conflicto se originó cuando la defensa de la familia afectada presentó excepciones de falta de acción y nulidad de actuaciones, argumentando que los tribunales civiles debían resolver la disputa sobre el derecho de propiedad. Entre las pruebas presentadas se incluye una sentencia de casación de 2004 que reconocía los derechos de la familia sobre los terrenos.

A pesar de estas excepciones no resueltas, en 2010 el tribunal integrado por las exjuezas ordenó el desalojo de las propiedades en disputa. Este desalojo, ejecutado el 3 de julio de ese año en las zonas de Cerro Grande y El Chile, resultó en la demolición de viviendas, cercos y otras construcciones, y en el desplazamiento forzado de las familias que habitaban en dichos terrenos.

Posteriormente, en 2012, el caso fue asignado a un nuevo tribunal, debido a una serie de recusaciones. Este nuevo tribunal determinó que se había vulnerado el derecho de defensa de los afectados, ya que las excepciones interpuestas dentro del plazo legal no fueron atendidas oportunamente.

Lizzy Irías

Editora

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