Fotografía del 11 de agosto de 2025 de la esposa del fallecido senador y precandidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona (c-i), abrazando a una de sus hijas frente a una fotografía de Miguel. EFE/ Carlos Ortega
El menor que asesinó al senador y precandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay fue sancionado el miércoles con siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
La Fiscalía detalló en un comunicado que por la sanción, «el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada».
El sicario, según las autoridades, es un joven de 15 años cuyo nombre se mantiene en reserva por su condición de menor de edad y al que se capturó en flagrancia el pasado 7 de junio en Bogotá, minutos después del atentado contra el senador del partido opositor de derecha Centro Democrático.
La sentencia, emitida tan solo 80 días después del atentado a tiros en el que Uribe Turbay sufrió graves heridas en la cabeza que le causaron la muerte el pasado 11 de agosto, se debe a que su proceso lo tramitó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que en Colombia juzga a jóvenes de 14 a 18 años, con penas de hasta ocho años en centros especializados.
El abogado Víctor Mosquera, que representa a la familia de Uribe Turbay, señaló que «bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor» que cometió el crimen.
«Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo», afirmó Mosquera en X.
La Fiscalía señaló que tras ser convencido de ejecutar el ataque, el menor fue llevado al barrio Modelia, donde Uribe Turbay realizaba un mitin, en un automóvil que conducía Carlos Eduardo Mora González, uno de los seis capturados por este crimen.
El joven «recibió una pistola Glock 9 milímetros de manos de Elder José Arteaga Hernández», a quien se detuvo y que está acusado de coordinar el atentado.
«Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó. En la huida por las calles del sector, integrantes del esquema de seguridad del precandidato interceptaron al adolescente al que se puso a disposición de las autoridades para su judicialización», agregó la Fiscalía.
La sanción emitida por el juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es de primera instancia y «en su contra proceden los recursos de ley», según la información de la Fiscalía.
El pasado 11 de agosto, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró que el crimen se tipificó como magnicidio, es decir, homicidio de una persona por su relevancia política o social.
«El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio ya responden ante la Justicia», expresó Camargo, quien recalcó que continúa la búsqueda de los determinadores «sin descartar ninguna hipótesis», haciendo alusión a sospechas comunicadas por la Policía de que la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, sea quien esté detrás del atentado.
A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, el crimen de Uribe Turbay reavivó el temor a que el país repita los episodios de violencia política de la campaña de 1990, cuando se asesinó a tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.
El Gobierno ha encabezado ya tres reuniones extraordinarias de seguridad para investigar y evaluar los hallazgos obtenidos por las autoridades. EFE
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