Un equipo legal en representación del Gobierno mexicano compareció ante una corte de apelaciones ubicada en Boston, EE. UU., para que la demanda interpuesta contra las empresas estadounidenses manufactureras de armas de fuego sea rehabilitada, después de que la querella fuera descartada por un juez en septiembre de 2022. ¿Qué busca México?
La demanda, que exige una indemnización por 10.000 millones de dólares, no tuvo un buen puerto en su primer intento, ya que el juez que descartó su validez basó su argumento en la Ley de Protección al Comercio Legal en Armas (PLCAA) que protege a los miembros de la industria armamentística estadounidense de demandas por el «uso indebido» de sus productos.
Sin embargo, la representación mexicana argumenta que esa ley no puede cubrir los daños fuera del territorio estadounidense y que han sido provocados por «irresponsabilidades» de las empresas demandadas.
«Las armas que utilizan los grupos criminales en nuestro país no aparecen aquí por generación espontánea sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos», afirmó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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