Aplazado el juicio hasta el 20 de febrero, el juez está concentrado en la selección de los miembros del jurado que en los próximos días decidirá la suerte del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
No es el juez, Kevin Castel, quien, simplemente, estará como espectador durante las audiencias, el que tiene la última palabra en este caso, sino este grupo de 12 hombres y mujeres, seguramente, los que decidirán, a la luz de las evidencias que presenten las partes, si el exgobernante es inocente o culpable.
De acuerdo con el sistema penal estadounidense, Hernández llega a esta audiencia como inocente en tanto no le demuestren lo contrario. Y así lo ha dejado en claro el juez Kevin Castel a las partes y se lo hará ver también al jurado.
Conforme a las reglas del juego, con uno de ellos que disienta, el juicio se anula y Hernández saldría caminando, tranquilo, de regreso a casa. Eso, para sus seguidores en Honduras sería motivo de fiesta y para sus detractores, el caos. Por eso, los abogados defensores apuntarán a crear la mínima duda entre ellos, confundirlos. Y por el otro lado, la Fiscalía hará lo mismo con la avalancha de pruebas abrumadoras que, según afirma, tiene contra Hernández.
De acuerdo con la legislación federal, el jurado recibirá 50 dólares por cada día de asistencia (más de 1,000 lempiras). Esta tarifa está vigente desde mayo del 2018 y reconoce, además, gastos en gasolina, estacionamiento y peajes de cada miembro, que, a la par, tienen la obligación de acudir a las citas, pues de lo contrario pueden ser sancionados con multas y hasta prisión.
Es probable que haya dos o seis suplentes, por si uno de los titulares no puede seguir en el caso, pero no participarán en las deliberaciones. Hubo veces, en los tantos casos que se conocen en esta corte, que un miembro del jurado tuvo que renunciar.
En el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, juzgado en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, al lado de Manhattan, donde será juzgado Hernández, uno de ellos renunció cuando supo que estaría viendo y escuchando -a una distancia de varios metros- al famoso líder del cartel de Sinaola.
El jurado es popular, escogido entre ciudadanos comunes y corrientes de Nueva York, la ciudad donde tiene jurisdicción la Corte. Para preservarles su anonimato, se les llamará por un número y ni siquiera los puede retratar los dibujantes oficiales, la única memoria visual permitida en el caso, ya que están prohibidas cámaras y celulares.
Entre ellos nombrarán un portavoz y estarán, siempre y cuando no se enfermen o renuncien, el tiempo que dure el juicio, algo impredecible, pues, depende de cuántos testigos llamen al estrado. Un mes, por lo menos, dicen.
Cuando los juicios se alargan varias semanas, el juez decide si el jurado puede irse a su casa al finalizar cada sesión o se queda “secuestrado”. En cualquiera de los casos, siempre estarán vigilados por alguaciles armados de la corte. Incluso, se les puede permitir un día libre para que puedan hacer sus trámites personales.
Obviamente, por tratarse de un caso relevante -es la primera vez que esta corte enjuicia a un expresidente del mundo- el jurado no puede dar declaraciones a los medios de comunicación ni compartir redes sociales o buscar información del acusado. Ni siquiera comentarlo entre ellos antes que termine el juicio.
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