En una intervención categórica durante el debate legislativo, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, afirmó que la Ley de Justicia Tributaria propuesta por el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, representa un quiebre histórico frente a un sistema fiscal regresivo que ha favorecido por décadas a una élite económica en detrimento de la mayoría de la población hondureña.
«El sistema tributario hondureño cobra más a un pobre que a un rico. Mientras una persona de bajos ingresos puede pagar hasta el 50% de sus ingresos en impuestos, hay grandes grupos empresariales que aportan solo el 0.03%. Eso debería causar vergüenza», expresó el ministro.
Agregó que actualmente existen empresas que no pagan impuestos desde 1980, beneficiándose de regímenes de exoneración por más tiempo que la esperanza de vida de un hondureño.
Durante su intervención, Duarte subrayó que la ley no crea nuevos impuestos ni aumenta tarifas, sino que busca eliminar privilegios fiscales injustificados y recuperar recursos esenciales para financiar salud, educación, infraestructura y desarrollo social.
«No se trata de ideología. Es sentido común, es justicia fiscal. ¿Cómo financiamos hospitales, escuelas y carreteras si quienes más ganan no pagan lo que les corresponde?», cuestionó el ministro.
Duarte destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores que crearon 40 decretos de privilegios fiscales y 16 nuevos impuestos sin impacto social visible, esta administración ha apostado por una política económica centrada en la inversión pública y el gasto social responsable.
«Los gobiernos pasados invertían en promedio 125 mil millones al año. En 2025, este gobierno invertirá 197 mil millones, y en cuatro años hemos acumulado L304 mil millones en inversión pública y social, una cifra que ni sumando los 12 años del gobierno del Partido Nacional se lograron alcanzar».
El ministro también criticó las prácticas del pasado en las que se aprobaban decretos de privilegios fiscales «en cinco minutos y a espaldas del pueblo”.
Recordó que, durante la última década, el Congreso aprobó medidas que atentaron contra la soberanía, como la Ley de las ZEDE, alianzas público-privadas lesivas y fideicomisos opacos.
