La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) presentó requerimiento fiscal y aseguró bienes a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en dicho fideicomiso, junto a Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., acusados de defraudar al Estado hondureño por más de 18,547 millones de lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir.
Las investigaciones señalan que, en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó a Plasticards S.A. la compra de 480 mil tarjetas. Sin embargo, aunque oficialmente se reportó el ingreso total, en realidad solo llegaron 258 mil al país.
El 22 de enero de 2022, apenas cinco días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, la Secretaría de Seguridad pagó 18.5 millones de lempiras a Plasticards. Posteriormente, se detectó una transferencia de 17 millones hacia la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina, pese a que la ley le prohibía contratar con el Estado.
El MP también determinó que las tarjetas provenían de la empresa estadounidense Interamerican Service Unlimited Corp., y que se usaron empresas fachada internacionales y sistemas financieros en Estados Unidos y Francia para triangular y lavar fondos públicos.
Ante estos hechos, el Ministerio Público aseguró 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculados a los imputados.
Los delitos imputados son: abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
