El presidenciable liberal, Salvador Nasralla, criticó el nombramiento de Zulmit Rivera, como vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, en sustitución de Tony García, quien renunció por desacuerdos con la postura del Gobierno hondureño, respecto a Venezuela.
Rivera, activista del partido Libertad y Refundación (Libre), es esposa de Óscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), lo que ha desatado acusaciones de nepotismo por parte de Nasralla.
“Esto no es un juego de familia, es una democracia donde se va a elegir un presidente y se va a entregar DNI a personas”, declaró el candidato liberal.
Nasralla denunció que la cancillería mantiene bajo custodia más de 400 mil Documentos Nacionales de Identificación (DNI) emitidos para hondureños residentes en Estados Unidos, pero que aún no han sido entregados.
“No se las quisieron entregar. ¿Dónde están las 400 mil identidades que no se entregaron?”, cuestionó.
Aunque reconoció que algunos documentos sí fueron distribuidos, el presidenciable exigió un inventario público que detalle cuántos DNI siguen en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuáles han sido entregados.
“No puede ser que este proceso esté en manos de la esposa de un activista político. Eso compromete la credibilidad institucional”, advirtió.
Nasralla instó a los medios de comunicación a exigir al canciller Javier Bu claridad sobre el manejo de los documentos, especialmente de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, donde los hondureños en el exterior deberán portar su DNI para ejercer el sufragio.
La polémica se intensifica en medio de la incertidumbre sobre la reglamentación del voto en el extranjero, aún pendiente de aprobación por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La oposición política solicita interpelaciones y mayor fiscalización sobre el proceso de distribución de identidades y su impacto en el padrón electoral.
El PLH advierte que estos documentos fueron entregados a los consulados hondureños en el extranjero, bajo la administración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin que el RNP haya establecido un mecanismo de trazabilidad que garantice su distribución legal, transparente y eficiente. “La falta de control abre la puerta a la manipulación del Censo Nacional Electoral y pone en riesgo el derecho al sufragio de miles de compatriotas”, señala el comunicado.
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