La misión creada por la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela dijo este lunes que cuenta con información sobre la detención de más de cien niños, niñas y adolescentes, quienes han sido imputados por crímenes graves en el marco de las protestas tras las elecciones presidenciales.
Los crímenes de los que se acusa a los menores son los mismos por los que se ha imputado a los adultos detenidos, indicó el grupo, que precisó que se trata de acusaciones de terrorismo, conspiración o incitación al odio.
Según el grupo de juristas que integran la misión, los niños detenidos no cuentan con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales.
“La misión reclama con firmeza que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, ha señalado el jurista Francisco Cox, experto de la misión de la ONU, citado en un comunicado.
El grupo lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto en el contexto de las protestas.
La presidenta del grupo, Marta Valiñas, pidió que estas muertes sean investigadas y que si se confirma un uso abusivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad o la participación de civiles armados que les apoyan, éstos sean juzgados.
La misión dijo que tras analizar diversos datos de organizaciones pro derechos humanos ha concluido que al menos 1.260 personas fueron detenidas, entre ellas 160 mujeres.
Cifras comunicadas por el fiscal general de Venezuela señalan que se detuvo a 2.200 personas.
Las detenciones fueron arbitrarias, según la misión, debido a que los detenidos quedaron desprotegidos ante el sistema judicial al enfrentar audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, pese a que muchos de los casos que trató habían ocurrido en otro lugar del país.
Asimismo, la instancia de la ONU indicó que hubo imputaciones de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin pruebas que lo fundamenten o aplicados de forma desproporcionada.
También se negó información a familiares o se les brindó información tardía e incompleta y hubo impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas. EFE
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