Las miradas en Perú quedaron puestas en los 25 congresistas que, a más tardar el 25 de este mes, deben pronunciarse sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, eventual primer paso de una salida definitiva o temporal del mandatario del cargo.
En ese lapso, esos 25 parlamentarios, miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, podrían archivar la denuncia por no incluir las causales previstas por la Constitución, pero también podrían darle luz verde a un proceso que se vislumbra extremadamente polémico.
Si la Subcomisión decide archivar la denuncia contra Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión, el asunto se cerrará automáticamente.
De lo contrario, el grupo designará a uno de sus miembros para que elabore una ponencia y dé paso a un proceso que podría tardar varios meses.
Para el constitucionalista Omar Cairo, de las fórmulas que tenía la Fiscalía, la de la denuncia constitucional ante el Congreso, elegida por la fiscal general, Patricia Benavides, no solo es “la más engorrosa y complicada”, sino que podría llegar a la conclusión de que a Castillo se lo puede juzgar, pero cuando termine su período en 2026.
“No sé si la fiscal sabe eso o si los congresistas que están aplaudiendo la denuncia lo saben”, ironizó Cairo, quien, como varios constitucionalistas, se dedica a explicar aspectos complicados para los no versados.
Por lo pronto, se sabe que 11 de los 25 integrantes de la Subcomisión son partidarios de sacar a Castillo y otros 11 no. De los tres restantes no está clara su posición.
El análisis es importante ante la posibilidad alta de que los argumentos políticos eclipsen a los jurídicos.
Benavides, a quien el oficialismo acusa de estar aliada con las fuerzas de derecha que quieren sacar a Castillo y su gobierno de izquierda, presentó la semana pasada la denuncia por supuestos tráfico de influencias agravado y colusión.
Según el fiscal adjunto, Marcos Huamán, el Ministerio Público tiene 190 elementos probatorios.
Para constitucionalistas, la denuncia apunta a dos objetivos: que se le permita a la Fiscalía profundizar las acciones contra el presidente al margen de la inmunidad y que se potencie un juicio político ante los hechos de supuesta corrupción que probarían la “incapacidad moral” del gobernante.
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