Por una abrumadora mayoría de 432 votos a favor, nueve en contra y 39 abstenciones la resolución del Parlamento Europeo exigió “el respeto a la voluntad democrática de los guatemaltecos» y pidió «sanciones contra actores antidemocráticos”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter, el diputado Jordi Cañas, quien también fue jefe de la misión de observación electoral en el país centroamericano.
La resolución reclamó además sanciones para quienes obstaculizan la democracia y pidió al Consejo Europeo medidas restrictivas como inmovilización de activos y la prohibición de viajar para la fiscal general Consuelo Porras, sus fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda.
La Fiscalía guatemalteca mantiene una arremetida contra el proceso electoral, intentando anular las elecciones y contra el presidente electo Bernardo Arévalo, quien ganó el balotaje del 20 de agosto con 60,9 % de los votos.
La solicitud de sanciones también incluye al juez Fredy Orellana quién lleva el control jurisdiccional de los casos contra el proceso electoral, por «instrumentalizar sistemáticamente el Poder Judicial para debilitar el Estado de derecho y criminalizar a figuras de la oposición».
Coincidiendo con la declaración europea, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala amparó este jueves a varios ciudadanos que pidieron protección para asegurar que el 14 de enero, día en que deberá tomar posesión Arévalo, haya un traspaso del poder.
En su fallo, la Corte de Constitucionalidad dijo que “conmina al Congreso de la República y su Junta Directiva a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral dos mil veintitrés, conforme los decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral”, dice la resolución.
La corte también llamó al presidente saliente a promover la unidad nacional y la culminación de la transición conforme los procedimientos.
“Lo decidido en este fallo es sin perjuicio de las facultades de investigación, persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y jueces del orden penal para juzgar los casos en que se hubiere incurrido en ilícitos”, dijo la Corte.
Curruchiche no desmayó en sus acciones contra el proceso electoral y este jueves solicitó el retiro de la inmunidad de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, para investigarla por los supuestos delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.