Los cargos formulados contra la jefa de Estado se enmarcan en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar de diciembre de 2022 hasta el pasado mes de marzo. El jefe del tren ministerial peruano afirmó que la mandataria responderá ante la justicia sin hacer uso de su derecho al silencio. Las investigaciones también implican a un ex primer ministro y dos ex ministros del Interior.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rendirá cuentas a la justicia de su país. La Fiscalía citó a la mandataria el próximo 31 de mayo a declarar en el contexto de una investigación preliminar por la muerte de decenas de personas en las protestas antigubernamentales registradas entre los meses de diciembre de 2022 y marzo de 2023.
A Boluarte se le señala de presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. El abogado personal de la mandataria, José Campos, fue el encargado de confirmar la citación. Afirmó que esperan “con mucha expectativa ese día”, sin embargo, criticó a quienes mantienen abierto el proceso contra la mandataria, alegando que “no es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”.
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