El Ministerio Público a través de las Fiscalías Anticorrupción, presentó requerimientos fiscales contra exfuncionarios, empleados públicos, servidores del sector justicia y particulares que defraudaron la hacienda pública.
En ese sentido, fiscales asignados a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó una solicitud de antejuicio por el delito de malversación por aplicación diferente contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado y dos regidores más.
Estos funcionarios habrían aprobado de manera irregular la donación de un terreno a la madre del juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda, quien ya fue acusado de recibir coimas a cambio de agilizar trámites en la municipalidad.
Del mismo modo, fiscales de FETCCOP presentaron ocho requerimientos fiscales y entre los casos se destaca la acusación a exmiembros Consejo Directivo del Hospital Escuela, quienes en 2017 se aumentaron de manera ilegal y selectiva sus salarios.
También para cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que realizaron un allanamiento ilegal y que además sustrajeron L50 mil de la vivienda de un ciudadano en Ocotepeque.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusó a empleados del Instituto de la Propiedad y particulares, ya que fraguaron un fraude inmobiliario en San Pedro Sula, al falsificar escrituras y utilizar la firma de notarios para registras inmuebles en el Registro de la Propiedad. Con esas inscripciones vendieron dichos inmuebles a víctimas que pagaron millonarias sumas de dinero.
Entre tanto, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó acusaciones contra un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC); dos empleadas del Poder Judicial y una agente de la DPI.
Por su parte, fiscales de la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) presentó tres requerimientos fiscales: uno contra dos empleados de Aduanas por incumplir los procedimientos aduaneros obligatorios; y dos casos adicionales por defraudación fiscal y contrabando, los cuales, en conjunto, representan un perjuicio económico al Estado superior al medio millón de lempiras.
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