El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal contra funcionarios del gobierno del período 2018-2022, quienes son acusados de causar un perjuicio a la población hondureña por más de 63 millones de lempiras.
El caso se refiere a la compra de ventiladores mecánicos destinados para pacientes con COVID-19, los cuales nunca funcionaron debido a que fueron entregados incompletos o sin los accesorios necesarios para su uso adecuado.
Entre los señalados se encuentran importantes exfuncionarios, como Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); Jessica Canahuati Farah, exconsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría; Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, todos vinculados a COPECO. Estos enfrentan cargos por delitos de fraude y violación a los deberes de funcionarios públicos.
La investigación del MP revela que, durante una de las peores crisis sanitarias vividas en la historia de Honduras, estos exfuncionarios aprovecharon la situación para manipular el proceso de adquisición de los ventiladores.
Se realizaron transferencias bancarias sin la documentación adecuada, y se omitió la recepción formal de los equipos mediante actas de entrega, lo que debió haberse llevado a cabo de manera rigurosa y transparente.
Mientras miles de hondureños fallecían en los pasillos de los hospitales, estos ventiladores defectuosos quedaron almacenados en bodega, sin ser aptos para el tratamiento de los pacientes con COVID-19.
El MP condena este acto como una burla cruel a la desesperación de la población, señalando la codicia de quienes debieron servir al pueblo en un momento tan crítico.
Este escándalo ha generado indignación nacional, ya que las acusaciones apuntan a que el dinero destinado para salvar vidas fue utilizado para llenar cuentas bancarias de funcionarios.
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