San Salvador (AFP).Un tribunal de El Salvador celebró el jueves una audiencia virtual de imposición de medidas contra 492 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de miles de delitos, entre ellos más de 500 homicidios.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en la red social X que los líderes de la MS-13 están “vinculados a 37,402 delitos, cometidos entre 2012 y 2022”.
“A este corporativo se les está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas”, dijo el subdirector fiscal contra la criminalidad, Max Muñoz, en un video difundido por la Fiscalía.
Muñoz aseguró que también se les acusa del “delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador” por “haberse alzado en armas con el fin de controlar parte del territorio” salvadoreño, el 80% según el gobierno.
Los pandilleros están señalados también de “cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de tales fines”, agregó el fiscal.
La audiencia se celebró cuatro días después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, autoproclamara su reelección con un 85% de los votos, gracias a su “guerra” contra las pandillas que redujo a su mínima expresión los homicidios.
“Este viernes conoceremos la resolución del juez”, dijo tras finalizar la jornada el fiscal general, Rodolfo Delgado, en la red social X.
Los cabecillas “sembraron el terror” por décadas y “pagarán por cada vida” segada, aseguró.
El país vive desde hace dos años bajo un estado de excepción que provocó la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de los que más de 7,000 fueron liberados por ser inocentes.
Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción pues denuncian “detenciones arbitrarias”, “torturas” y “muertes” en prisión.
Para el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, “los juicios colectivos dejan muchas dudas”, cuando lo pertinente sería “individualizar” responsabilidades.
“Si se comprueba que son líderes y que han cometido delitos graves contra la población, me parece a mí que deben sufrir un juicio justo y que realmente los puedan condenar”, subrayó.
Montenegro recordó que el problema de los juicios colectivos es que en el marco del régimen de excepción, se detiene a personas inocentes sin orden judicial y “se mete en un mismo saco a todos”, sin derecho a tener un defensor.
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