Un juez ordenó procesar a ocho exfuncionarios por el delito de homicidio, entre otros, por el desplome de un tramo elevado del metro de la capital mexicana ocurrido en mayo del año pasado que dejó 26 fallecidos y casi un centenar de lesionados, anunciaron el miércoles autoridades judiciales.

 

 

Luego de una larga audiencia, que se extendió por 26 horas, un juez de control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México acordó vincular a proceso penal a ocho exfuncionarios por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, indicó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la capital mexicana.

 

 

Lara dijo, en un video que se difundió en las redes sociales, que de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía los ocho exfuncionarios “tenían una responsabilidad clara, indubitable, contaban con el nivel de mando, la expertise necesaria, y conocimiento amplio del tema en cuestión”.

 

 

Los ocho procesados enfrentarán el juicio en libertad pero deberán presentarse periódicamente a tribunales, y a cinco de ellos se les prohibió la salida del país, precisó el vocero de la Fiscalía.

 

 

La decisión de juez se da luego que la Fiscalía General de la Ciudad de México presentó el año pasado la evaluación final sobre el accidente. De acuerdo al informe del Ministerio Público, el desplome del tramo elevado del metro fue fundamentalmente originado por “errores en su construcción”, una instalación deficiente de los pernos y fallas en las soldadura de la estructura.

 

 

El dictamen de la Fiscalía General coincidió con un informe que presentaron los expertos y que determinó que unos pernos mal soldados, mal ubicados o completamente ausentes que debían unir unas vigas de acero a una capa de hormigón que sostenía la plataforma de las vías fueron los causantes del colapso de la estructura.

 

 

El gobierno de Ciudad de México contrató a la empresa de certificación noruega DNV para determinar las causas del incidente.

 

 

La línea 12 del Metro se construyó a un costo de 1.300 millones de dólares cuando el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, era el alcalde de la capital mexicana. Ebrard, quien es visto como uno de los principales contendientes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó su responsabilidad en el accidente.

 

 

El proyecto estuvo plagado de sobrecostos y supuestas fallas de diseño, así como de corrupción y conflictos de interés.