Miles de hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos se mantienen en incertidumbre este lunes, a la espera de que el gobierno estadounidense anuncie una extensión oficial del programa que vence el próximo 5 de julio.
Según explicó el vicecanciller de Honduras, Tony García, si al finalizar este día no se emite un comunicado formal por parte del Departamento de Estado, el TPS se extendería automáticamente por seis meses más, tal como lo contempla la normativa migratoria vigente.
Sin embargo, esta extensión automática sería temporal y no garantiza estabilidad a largo plazo para los beneficiarios.
“Hay una regla en el TPS que dice que se extenderá automáticamente por seis meses si no hay anuncio oficial, así que nadie quedaría en el aire… pero solo por ese periodo”, advirtió García.
Consecuencias legales si no hay renovación formal
Expertos en migración han advertido que, si no se emite una nueva prórroga formal, los más de 40 mil hondureños amparados por el TPS podrían enfrentar graves consecuencias legales una vez concluya la designación actual.
Entre los riesgos se encuentra la expiración automática de permisos de trabajo y la posibilidad de deportación, una vez se cumplan los 60 días posteriores al vencimiento oficial del TPS, el 5 de julio de 2025.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también ha reiterado que los beneficiarios deben reinscribirse dentro del período estipulado para conservar su estatus.
Además, salir del país sin una autorización previa bajo TPS puede causar la pérdida automática del beneficio y la imposibilidad de reingresar legalmente.
Llamado a la calma y vigilancia
Mientras se espera una resolución, las autoridades hondureñas y abogados especializados en migración recomiendan a la comunidad beneficiaria del TPS no tomar decisiones precipitadas, mantenerse atentos a cualquier actualización oficial y cumplir con los requisitos de reinscripción para evitar la pérdida de esta protección.
El TPS ha sido una medida clave para miles de hondureños desde que fue otorgado tras el paso del huracán Mitch en 1998, permitiéndoles trabajar y residir legalmente en Estados Unidos. Su renovación o final dependerá ahora de una decisión política que, hasta el momento, permanece en suspenso.
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