Unos 1,560 privados de libertad que se encuentran en la categoría de sentenciados, se someterán a los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción social que serán implementados a partir de este mes de febrero, en los 24 centros penitenciarios a nivel nacional.
El presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, coronel de Infantería, Ramiro Fernando Muñoz, fue el encargado de socializar el programa en mención ante los representantes de las diferentes secretarías de Estado, Poder Judicial, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
La duración de los programas será de dos años; específicamente se socializaron por parte de las máximas autoridades, los manuales de los diferentes talleres, además del pénsum académico del Programa de las tres R: Rehabilitación, Reeducación y Reinserción Social.
“Estamos dándole a conocer a todos estos entes de qué estaba compuesto este programa, porque nunca había existido en el sistema penitenciario un programa de rehabilitación, reeducación y reinserción del privado de libertad; hoy, todos los entes quedaron satisfechos, Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Defensa Pública, las secretarías de Estado, el Infop, las ONG, organismos internacionales, ha sido muy aceptado”, expresó Muñoz Bonilla.
Todos los entes en mención ofrecieron su apoyo para rehabilitar “a estas personas que por tanto tiempo han necesitado ayuda y es cómo rehabilitarse”.
Detalló que “es todo un programa de dos años para poder fortalecer y capacitar a esos ciudadanos que están privados de libertad, para que cuando salgan tengan una nueva mentalidad, un oficio, sepan cómo formar una empresa, cómo poder desarrollarse cuando él o ella salgan”.
Por su parte, el magistrado Mario Díaz, en representación de la presidencia del Poder Judicial, manifestó que “nos han presentado un programa de rehabilitación y reinserción que comenzará a partir del mes de febrero en 10 centros Penitenciarios del país, esto con el propósito de atender la rehabilitación de privados de libertad que tengan la categoría de sentenciados”.
Añadió que se busca “contribuir a que se reintegren a la sociedad, sean personas productivas en función de su propio beneficio, de sus familias y del pueblo hondureño”.
“Tienen acciones educativas de carácter formal, es un programa diseñado para dos años, habrá una formación académica como práctica”, indicó el togado.(
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