El Tribunal Supremo británico confirmó este miércoles 15 de noviembre la ilegalidad del controvertido plan del Gobierno de deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que hayan llegado irregularmente a suelo británico, sin importar su procedencia. El primer ministro Rishi Sunak dijo que su país está listo para trabajar en un nuevo acuerdo mientras Ruanda rechazó la medida del Supremo.
Supremo. Este miércoles 15 de noviembre, el más alto tribunal de Reino Unido confirmó la ilegalidad del polémico plan del Gobierno de deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados a suelo británico de forma irregular.
Los cinco jueces superiores rechazaron por unanimidad el recurso del Ministerio del Interior y confirmaron la decisión del Tribunal de Apelación de que la política era ilegal. La decisión, en la que el presidente del Tribunal Supremo, Robert Reed, insistió en que se basaba en motivos jurídicos y no políticos, supuso la sepultura inmediata de una medida emblemática de la política del primer ministro conservador Rishi Sunak para combatir la inmigración ilegal.
El dirigente indicó que el Gobierno se proponía ahora «examinar los próximos pasos» y señaló que el Tribunal Supremo «ha confirmado que el principio de enviar a los inmigrantes ilegales a un tercer país seguro es legal».
El Gobierno ruandés, a través de una portavoz, declaró que «impugna la decisión de que Ruanda no es un tercer país seguro para solicitantes de asilo y refugiados».
Mientras Rishi Sunak puede haberse alegrado al principio de la mañana por haber logrado su objetivo de reducir la inflación a la mitad, esta decisión solo tres horas después supone un duro revés para el primer ministro y su promesa de «detener los barcos» de migrantes en el Canal de la Mancha. Más de 27.000 migrantes han realizado la travesía desde principios de año, frente al récord de 45.000 en 2022.
Anunciado hace año y medio bajo el gobierno de Boris Johnson, el plan de enviar migrantes -sea cual sea su origen- a Ruanda nunca se ha llevado a cabo.
A mediados de 2022, un primer vuelo fue cancelado a último momento a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Posteriormente, a finales de junio, el Tribunal de Apelación de Londres dictaminó que el proyecto era «ilegal», al considerar que Ruanda no podía considerarse un «tercer país seguro».
Los jueces consideraron que existía «un riesgo real de que las personas enviadas a Ruanda fueran (posteriormente) devueltas a su país de origen, donde serían objeto de persecución y otros tratos inhumanos». Este razonamiento fue validado por el Tribunal Supremo el miércoles.
El martes, en una carta en respuesta a su despido del día anterior, la exministra del Interior Suella Braverman acusó a Rishi Sunak de «irresponsabilidad» y de no haber preparado un «plan B creíble» en caso de fracaso.
El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ya había advertido que revertiría el plan si llegaba a ser primer ministro. «No es la política adecuada y es extremadamente cara», afirmó.
En la vista celebrada el mes pasado ante el Tribunal Supremo, el abogado del Ministerio del Interior James Eadie afirmó que existía una «necesidad acuciante de tomar medidas que actúen como elemento disuasorio» para quienes emprenden estas «peligrosas travesías».
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