Renuncia fiscal de caso de estudiantes desaparecidos

El fiscal de la unidad especializada en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México en 2014 presentó su renuncia después de tener problemas por falta de personal y de polémicas medidas que parecían relegarle de un caso cuya investigación podría ahora sufrir un duro golpe, según los abogados de las víctimas y organizaciones internacionales.

 

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el martes la dimisión de Omar Gómez Trejo, encargado del la investigación desde 2019, por no estar de acuerdo con los procedimientos para determinar quiénes debían ser detenidos.

 

De inmediato, los deudos denunciaron que la renuncia del fiscal especial «evidencia la injerencia indebida» de sus superiores jerárquicos en la Fiscalía General de la República (FGR), según un comunicado del Centro Prodh, la ONG que los asesora legalmente.

 

Las familias atribuyen también a superiores de Gómez «la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión», situación que consideran «en extremo preocupante para seguir adelante en el proceso de justicia del caso».

 

La renuncia se confirma un día después del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, cuando miles de personas marcharon en Ciudad de México reclamando que el gobierno está dando «señales que no van en la dirección de los compromisos que hizo» para esclarecer el caso, dijo el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.

 

En respuesta, López Obrador pidió este martes a las familias de los estudiantes «que tengan confianza» en las autoridades para «continuar con la investigación».

 

El mandatario izquierdista devolvió el caso al primer plano con la creación de una comisión de la verdad, conformada al inicio de su mandato en diciembre de 2018.

Su primer informe, presentado el pasado 18 de agosto, refuta la llamada «verdad histórica» de los hechos que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que era rechazada por los familiares.

 

La investigación acredita la participación de militares en el crimen y desembocó en la captura del exfiscal general Jesús Murillo Karam, gestor de la «verdad histórica» y tres militares, incluido un general.