En una operación coordinada entre la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y diversas unidades policiales, se realizó el traslado del exdirector ejecutivo del comité técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza Centeno, hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Este traslado se llevó a cabo con el propósito de presentarlo ante la CSJ en una segunda audiencia, donde se definirá si se concede su extradición, solicitada por la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos.
El traslado, que partió desde la sede de la DNFE en la colonia Villa Delmi en Tegucigalpa, fue ejecutado por más de 40 funcionarios policiales, incluidos los Comandos de Operaciones Especiales, según indicó el portavoz de la DNFE, subinspector Javier Martínez.
Se implementó un dispositivo de seguridad reforzado que incluyó el uso de dos cápsulas ciegas para garantizar la seguridad durante el traslado.
Las acusaciones contra el exfuncionario de 65 años son graves, incluyendo dos cargos de conspiración para cometer lavado de activos y un cargo por participar en transacciones derivadas de actividades criminales.
Se le vincula con una red internacional que presuntamente pagaba sobornos para asegurar contratos gubernamentales en Honduras, específicamente en la confección de uniformes para la Policía Nacional, durante el período comprendido entre marzo de 2015 y noviembre de 2019.
Ahora, un juez designado por el pleno de magistrados de la CSJ será el encargado de determinar si se concede la orden de extradición.
Entre 2014 y 2023, Honduras ha extraditado a Estados Unidos a al menos 40 de sus ciudadanos, mayormente acusados de narcotráfico. Entre los extraditados se encuentran el expresidente Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla.