Rusia registró este miércoles, tras ocho días consecutivos por encima de 1.200 muertes por covid-19, un nuevo récord de fallecimientos por la enfermedad contagiosa, con 1.247 decesos en la última jornada, informó el centro operativo de lucha contra la pandemia del coronavirus.
La mayoría de las muertes se produjeron en Moscú (96), seguida de San Petersburgo (84) y la región de Krasnodar (58).
Desde el inicio de la pandemia han fallecido 259.084 personas en Rusia por el coronavirus, si bien las estadísticas oficiales sobre exceso de muertes en el mismo periodo casi duplican esta cifra.
Según la base de datos Worldometer, Rusia es actualmente el primer país del mundo -y de Europa- con más muertes diarias por coronavirus, por delante de Ucrania.
En todo el país se identificaron además en las últimas 24 horas 36.626 nuevos casos de covid-19.
Moscú, foco de la pandemia en Rusia, notificó 2.966 nuevos contagios, por delante de la región de San Petersburgo (2.793).
Rusia es también el primer país del mundo con más casos nuevos de covid-19, de acuerdo con Worldometer, por delante de la República Checa.
En total el país acumula 9.182.538 casos de coronavirus en sus 85 regiones.
Rusia es el quinto país del mundo después de Estados Unidos, India, Brasil y el Reino Unido por el número de contagios documentados.
Las autoridades rusas atribuyen el fuerte aumento de nuevos contagios y de muertes a la agresividad de la variante delta, la falta del cumplimiento estricto de las reglas sanitarias por parte de muchos rusos y, sobre todo, a la baja tasa de vacunación en el país.
Hasta el momento en la nación que fue pionera a la hora de registrar su propia vacuna anticovid, solo 57.961.578 ciudadanos han recibido la pauta completa de vacunación, lo que sitúa la inmunidad colectiva solamente en el 49 % del 80 % al que aspiran las autoridades.
Ante el empeoramiento de la situación epidémica el Gobierno ha enviado al Parlamente un proyecto de ley para implantar el uso obligatorio de un pase sanitario en lugares públicos y el transporte.
El Gobierno planea implantar la nueva ley, que todavía tiene que recibir el visto bueno de los parlamentarios, a partir del próximo 1 de febrero.
Hasta entonces, los no vacunados podrán acceder a los establecimientos «libres de covid» y usar otros servicios no esenciales con una prueba PCR negativa.
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