Un compendio de 20,000 páginas de evidencias fueron presentadas por el director del Servicio Administrativo de Aduanas (SAR), Marlon Ochoa, en seguimiento a anteriores denucnias en el sentido que solo 10 familias se han empoderado en el país a base de actos de corrupción y que son acuerpadas por el COHEP.
“Es el reflejo del compromiso de todos en este gobierno del pueblo para cumplir el mandat6o que nos ha sido depositado en las urnas para combatir la corrupción público-privada en nuestro país”, comenzó el denunciante.
Y continuó. “Hoy me presento ante este Ministerio Público atendiendo la demanda que me hicieron (…) a través de su director Armando Urtecho a presentar las pruebas de mi acusación”, espacio en donde Ochoa reiteró, por tercera ocasión su denuncia en contra de 10 familias que se han beneficiado de manera ilegal.
A la vez, Ochoa afirmó que se trata de personas que no quieren pagar impuestos y que eluden la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
“Son los mismos acusados de narcotráfico, implicados en el Caso Pandora y el crimen del desfalco del Seguro Social, el millonario saqueo a través de ONG’s, el Fondo Departamental, que ahora se asociación en un solo bloque partidario de extrema derecha para defender la corrupción e impedir que se nombre un nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto”, señaló.
ENUMERACIÓN DE ALGUNOS CASOS
Las denuncias que hoy presentadas suman más de 20, 000 páginas de evidencias que incluyen declaraciones de impuestos, declaraciones aduaneras, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos de diversas secretarías de Estado, protocolos de constitución de sociedades mercantiles, actas certificadas de sesiones legislativas, reportes de inteligencia aduanera y fiscal, manifiesto de vuelo, entre otros.
“Los cargos presentados denuncias la comisión de los delitos de violaciones a los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayuda; así como delitos fiscales que suman un perjuicio total que ronda los 1,500 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras”.
“La primer denuncia expone cómo al amparo de un régimen que tiene por objetivo la atracción de turistas al país, una empresa importó un helicóptero sin pagar impuestos y éste fue utilizado para transportar a la familia dueña de la empresa y sus amistades”.
“La segunda denuncia retrata el caso de un grupo económico que utilizó su influencia y conexiones, tanto con el Congreso Nacional como con un exministro de la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr de forma corrupta la aprobación de tres decretos y una resolución con el fin de trasladar los beneficios de una empresa en el Régimen de Zonas Libres a otra en el Régimen de Importación Temporal para evitar el pago de todos los impuestos. Como consecuencia este grupo recibió de manera indebida casi 500 millones de lempiras en exoneraciones”.
“La tercer denuncia consiste en el caso de una empresa multinacional que utilizó su influencia política para gestionar un decreto en el Congreso Nacional, que, mediante una interpretación del Código Tributario y de forma retroactiva eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria, al cual se estimó en más de 500 millones de lempiras”.
“La cuarta denuncia expone como un empresario y exdiputado incurrió en diversos delitos al promover en un claro caso de conflictos de intereses un decreto contentivo de beneficios fiscales para sus empresas en el régimen de Zonas Libres Turísticas de Islas de la Bahía, por más de 450 millones de lempiras”.
Expuesto así, el director del SAR dijo que, “estos son apenas los primeros casos presentados que resumen de una forma muy clara como algunas empresas ligadas a la cúpula empresarial utilizaron su poder político durante la narcodictadura de Juan Orlando Hernández para promover privilegios particulares en detrimento del interés general del pueblo hondureño”, finalizó.
