La publicación de un protocolo del Gobierno peruano para la cobertura periodística de las protestas que azotan al país andino ha hecho saltar las alarmas de gremios que consideran que, bajo el supuesto paraguas de dar seguridad a periodistas, el texto es potencialmente «atentatorio contra la libertad de expresión».

«Es un documento que no tiene ningún valor y podría ser atentatorio contra la libertad de expresión. No habla en ningún momento de las fuerzas del orden como agentes agresores (…) y rechazamos completamente que sea la Policía la que diga a la prensa cómo tiene que trabajar», sentencia Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

El denominado «Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público» fue «prepublicado» y puesto bajo consulta ciudadana por el Ministerio del Interior el 28 de febrero pasado, en medio de la ola de protestas antigubernamentales que se cobró la vida de 76 personas desde diciembre.

De inmediato, varios gremios periodísticos salieron a rechazar la propuesta. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) cuestionó que el texto fuera «elaborado de forma exprés», con «serios problemas de fondo y forma».

Más radical fue el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que pidió archivarlo de «inmediato» al considerarlo una «intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia periodística» que, además, establece una relación «de arriba hacia abajo entre el Estado y la prensa».

Esto último porque el protocolo dice que la Policía debe indicar a los periodistas la «ubicación adecuada» para la cobertura en escenarios de violencia y advierte que, de no atender a los agentes, cualquier consecuencia «será bajo su responsabilidad», lo que, en la práctica, se percibe como un control policial de la cobertura periodística.