Seis militares enfrentan audiencia penal en El Salvador por la violación de una niña

Una corte penal de El Salvador instaló este miércoles la audiencia preliminar contra seis militares acusados de varios delitos tras la violación sexual de una niña en septiembre de 2023, según informó la fiscalía general de la República (FGR).

Un representante de la FGR indicó en un video compartido en la cuenta de X de la entidad que los militares enfrentan la etapa de instrucción por los delitos de privación de libertad agravada, violación y agresión sexual en menor agravada, lesiones y amenazas.

Señaló que los militares intervinieron a un grupo de víctimas en la localidad costera de Mizata, departamento (provincia) de La Libertad, y el jefe de la patrulla “separó a la víctima hacia otro lugar en el cual perpetró delitos de naturaleza sexual”.

Añadió que el papel del resto de militares fue “obstaculizar que las demás personas intervinieran para evitar el cometido”, por lo que solicitarán que los militares enfrenten un juicio y se mantengan en detención provisional.

En 2023, la Fiscalía acusó al sargento Héctor Ovidio Alvarado de “llevarse a una de las víctimas a una parte desolada donde la abusa sexualmente, mientras los demás agentes de la Fuerza Armada se quedan amenazando y golpeando a las demás víctimas”.

El resto de los acusados por el Ministerio Público son René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Pintín y Eder Salazar.

En El Salvador miles de soldados patrullan, junto a elementos de la Policía Nacional Civil, las calles del país, una situación que se da desde administraciones anteriores a la de Nayib Bukele.

Según un reporte de tres organizaciones humanitarias, los cuerpos de seguridad salvadoreños han superado a las pandillas en la generación de desplazamiento forzado interno y entre los hechos generadores se encuentran el acoso y el abuso sexual.

Los datos de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) señalan que las 223 víctimas de desplazamiento que han atendido entre 2022 y 2023 han denunciado amenazas (18,4 %), vigilancia (17 %), detención arbitraria (16,6 %) y malos tratos y tortura (14,8 %) por parte de policías y soldados.

Además, entre las vulneraciones que estas personas han denunciado ante las organizaciones se encuentra el acoso sexual (2,2 %) y abuso sexual (0,9 %).