La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió este miércoles por 13 votos a favor y ocho en contra la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le presentó el 11 de octubre para suspender de sus funciones al presidente, Pedro Castillo, a través del antejuicio político.

Según la fiscalía, todos los denunciados forman parte de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario.

Para el presidente peruano, la denuncia de la Fiscalía marca el inicio de una nueva modalidad de golpe de Estado.

Desde el Ejecutivo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente sólo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción.

La aprobación a trámite de la denuncia contra Pedro Castillo ha avanzado a un largo proceso que incluye varias etapas en la cámara peruana y que, según los expertos, podría demorar al menos tres meses entre idas y venidas en la subcomisión y la Comisión Permanente hasta llegar al pleno, en caso de proceder.

El Gobierno peruano ha denunciado que la Fiscalía y el Congreso se han aliado para adelantar acciones que lleven a la destitución del presidente Pedro Castillo.