El magistrado Bruce Reinhart tiene en sus manos la decisión de revelar o no las justificaciones con las que el FBI argumentó el registro a la casa que tiene el expresidente Donald Trump en Florida.
Aunque varios medios de comunicación le piden que publique los documentos, el Departamento de Justicia se opone diciendo que esto entorpecería la investigación.
“Hay parte de la declaración que puede publicarse”. Con estas palabras, el juez Bruce Reinhart abrió la puerta para que se conozcan varios de los documentos con los que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) justificó el allanamiento del 8 de agosto a Mar-a-Lago, el complejo residencial de Donald Trump.
Reinhart le ordenó al Departamento de Justicia que presente una versión editada de las pruebas, conocidas en lenguaje judicial como ‘declaración jurada’, y le dio un plazo de siete días, que se cumplen el próximo 25 de agosto. Aunque el juez también aclaró que los fiscales tendrán la oportunidad de apelar si no están de acuerdo con el borrador propuesto.
Según uno de los abogados que intercedieron, más nadie que el público “podría tener un interés apremiante en garantizar la máxima transparencia” de este suceso.
Pero el Departamento de Justicia se opone a esa visión. En la audiencia, Jay Bratt, jefe de la sección de contrainteligencia y control de exportaciones, le manifestó a Reinhart que “hay otro interés público en juego, que es que las investigaciones criminales puedan avanzar sin obstáculos”.
Su argumento es que la publicación de los documentos podría afectar la investigación en curso, pues involucracía material altamente sensible en una pesquisa que, según él, todavía está en una etapa temprana.
Por el momento, solo unas líneas
A pesar de que la declaración jurada todavía no se conoce, Reinhart sí abrió al público algunos documentos del proceso contra Trump. El escrito, censurado en algunas líneas, muestra que algunos de los presuntos delitos por los que está siendo investigado el antiguo inquilino de la Casa Blanca serían “retención intencional de información de defensa nacional” y “ocultación o eliminación de registros del gobierno”.
En una de las páginas, la Fiscalía solicita que la orden de allanamiento y los anexos relacionados se sellen ya que «la integridad de la investigación en curso podría verse comprometida y las pruebas podrían destruirse» si dichos documentos se publican.
Incluso, pide que los papeles, que cataloga como «altamente confidenciales», no se presenten en el expediente electrónico pues esto también «representa un riesgo para la seguridad dada la naturaleza sensible del material».
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