Benjamín Pérez se gana la vida limpiando viviendas en Miami. Trabaja sin permiso legal, como otros miles de extranjeros que forman una mano de obra primordial para el estado de Florida. El futuro de todos ellos pende ahora de un hilo por una ley migratoria recién aprobada.
La iniciativa impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis busca, entre otras cosas, impedir la contratación de personas indocumentadas.
A partir del 1 de julio, las compañías de más de 25 empleados deberán comprobar en una base de datos federal el estatus legal de las personas a las que deseen emplear. Ignorar esa obligación y contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas cuantiosas.
Pérez, de 40 años, lleva dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero teme no poder seguir haciéndolo. Como muchos, abandonó su país natal, México, buscando una mejor situación económica. Fue albañil hasta que una lesión lo obligó a cambiar de sector.
Ahora vive en un apartamento del centro de Miami con su esposa nicaragüense y un sobrino de ella, Joel Altamirano. Los tres trabajan. Ninguno tiene permiso para hacerlo.
«Para los que venimos sin ningún documento, más que con las ganas de trabajar, se nos hacen más estrechos los caminos para encontrar un empleo», lamenta Pérez, que pide usar un seudónimo por temor a los servicios migratorios.
«El sueño americano no es nada más que eso, un sueño», añade. «El gobierno nos acorrala cada día más. Esta vez el trato es sin misericordia. Prácticamente ya no valemos nada».
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