La marcha pacífica, que salió de la Facultad de Humanidades, llegó hasta el edificio del Órgano de Justicia.
El documento, que fue entregado por el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, indica que “la nación panameña se encuentra en estos momentos en una de las situaciones más críticas de su existencia por razón del deterioro institucional que desde hace varias décadas azota a la República y que ha dado como resultado la explosión social por la que atraviesa nuestro país desde hace más de cuatro semanas”.
En sus alegatos, la Universidad de Panamá, señala que el procedimiento legislativo seguido para la aprobación de este contrato-ley infringe la normativa constitucional del sistema jurídico.
De acuerdo a la UP, la concesión infringe el artículo 298 de la Constitución, que establece que el Estado debe velar por la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados, lo que no puede lograrse, con lo que considera, esta contratación directa contraria a este mandato constitucional, que exige que asuntos de esa magnitud se rijan mediante el régimen de licitación pública.
El documento de alegato, también advierte que se viola el artículo 119 de la Constitución, que señala que es deber del Estado prevenir Ia contaminación ambiental, mantener el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los ecosistemas.
“Y es que la sola posibilidad que genera la explotación a cielo abierto de minerales metálicos genera una afectación violatoria de Ias normas ecológicas constitucionales nacionales”, enfatiza el documento presentado este miércoles ante el máximo órgano de justicia del país.