El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el martes un conjunto de acciones que buscan ejecutar los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo celebrado el domingo.
Entre las medidas figuran la concesión de licencias de exploración y explotación de recursos naturales en el territorio Esequibo, el inicio de un proceso para crear el estado Guayana Esequiba, la creación de una Zona de Defensa Integral (ZODI), un censo para atender a la población de esa zona y la divulgación del mapa de Venezuela con el Esequibo incluido.
Alí dijo que conversó con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Antonio Guterres y países aliados sobre las acciones anunciadas por Maduro para la creación del estado Guayana Esequiba.
“La fuerza de defensa está en alerta máxima y se ha comprometido con sus homólogos militares, incluido el Comando Sur de EEUU. Al desafiar a la Corte, Venezuela ha rechazado el derecho internacional (…) se han declarado una nación fuera de la ley”, dijo en un discurso transmitido el martes por la noche.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció que Guyana “ha dado luz verde a la presencia del Comando Sur” en el Esequibo, territorio de más de 160.000 kilómetros en disputa desde hace más de 100 años, y denunció lo que califica de “actitud imprudente” de Guyana, país al que acusa de actuar bajo mandato de la petrolera estadounidense Exxon Mobil.
“Está abriendo la posibilidad de instalación de bases militares a una potencia imperial, amenazando la zona de paz que se ha delineado en esa región”, alertó en un comunicado divulgado el miércoles.
Venezuela exhortó a Guyana a retomar el camino del diálogo directo, a través del Acuerdo de 1966, mecanismo que considera “idóneo” para resolver la controversia territorial.
Pero Guyana insiste en la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia. El Estado venezolano lo considera nulo e írrito.
En ese sentido, Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se declaró competente para examinar la disputa y decidir sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899. Pero, Venezuela rechaza la jurisdicción de la CIJ.