La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclaró que la participación de Venezuela en la audiencia oral no implica el reconocimiento de la CIJ sobre la disputa territorial con Guyana e insistió que es inaceptable que se pretenda abrogar el orden constitucional venezolano intentando impedir la consulta.
“Nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre”, ratificó durante la audiencia celebrada en La Haya.
Además, nuevamente cuestionó que Guyana haya entregado concesiones de petróleo y gas en territorio marítimo pendiente por delimitar. “Guyana sabe que está actuando contrario a derecho”, insistió.
Venezuela realizará un referendo consultivo en el que, entre otras preguntas, consultará a los venezolanos si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado e incorporarlo al mapa de territorio venezolano y si reconocen la Jurisdicción de la CIJ para resolver la controversia territorial.
Guyana denunció el martes ante la CIJ que el referendo consultivo busca obtener respaldo popular para rechazar la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial y, tras la consulta, anexar el territorio en disputa por la fuerza.
El 30 de octubre Guyana solicitó medidas provisionales por considerar que Venezuela no debe celebrar el referendo hasta que la CIJ se pronuncie sobre los temas de fondo para determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido. Además, puntualmente, expuso que no debería incluir en la consulta la primera, tercera y quinta pregunta.
Makane Moide Mbengue, abogado del Estado venezolano, manifestó que la CIJ debe rechazar la solicitud de Guyana. Alegó que el referendo es “un tema interno” que no tiene efecto perjudicial sobre el supuesto título de Guyana sobre el Esequibo y que sería inédito que un Estado obligue a otro de desistir de una consulta popular.
“Sobre la quinta pregunta del referendo, aborda la potencial creación de una región administrativa de Guyana Esequiba y el desarrollo de un plan de atención integral que incluiría la emisión de cédulas de identificación y la incorporación de dicho estado en el mapa territorial de Venezuela. Ninguna de estas acciones administrativas puede afectar el supuesto título de Guyana sobre este territorio en disputa”, argumentó al precisar que la emisión de documentos sería beneficioso porque aseguraría a los habitantes de la zona el libre tránsito.
El abogado también descartó que Venezuela tenga pretensiones de usar la fuerza y aseguró que la solicitud de Guyana se basa en la premisa de que “la Corte ya decidió a su favor”.
“Guyana postula que Venezuela pretende rechazar esa futura sentencia y le solicita a la Corte que ordene a Venezuela aceptar ese veredicto”, dijo.