Los guatemaltecos exigen un cambio. Lo demostraron en las urnas el 20 de agosto con la elección de un representante, Bernardo Arévalo, que marca una ruptura con las propuestas gubernamentales de los últimos mandatos. Ante lo que ven como amenazas repetidas en contra de su voluntad popular, muchos no han dudado bloquear carreteras y gritar su descontento desde todo el territorio. France 24 estuvo con ellos en las calles y recogió algunos de sus testimonios.

Inició hace más de una semana con 14 bloqueos. El jueves 12 de octubre, ya eran más de 130 puntos de protesta reportados en las carreteras de toda Guatemala. Desde la capital hasta los pueblos más lejanos, el clamor de una gran parte de la sociedad guatemalteca se eleva con un mismo objetivo: exigir la renuncia de quienes, en su opinión, ponen en peligro la democracia.

Y su ira se dirige especialmente contra el Ministerio Público, la entidad desde donde, según los manifestantes, se orquestan distintas maniobras jurídicas para evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión en enero.

Se reclaman entonces la cabeza de la fiscal general, Consuelo Porras, y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche. Sus nombres han marcado la actualidad de Guatemala en los últimos años, acusados de desacelerar investigaciones en contra de la corrupción y en general, manipular la justicia del país. Los cuestionamientos llevaron a Estados Unidos a sancionar a la fiscal general en 2021 con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio. Curruchiche también fue incluido en 2022 en la lista Engel de Estados Unidos, que reúne las personalidades consideradas corruptas y antidemocráticas.

Aunque la frustración de los guatemaltecos hacia estos dos individuos venía escalando incluso desde antes de la celebración de las elecciones, un evento en particular desató su indignación. El 30 de septiembre, el cuestionado Ministerio Público llevó a cabo el secuestro de las actas electorales tras un allanamiento del Tribunal Supremo Electoral que terminó con un forcejeo entre fiscales y magistrados. Estos últimos intentaron oponerse, ya que por ley les corresponde el resguardo de esas papeletas.Bernardo Arévalo, el presidente electo, calificó la operación de «escalada de violencia jurídica» que busca “la anulación del resultado electoral». Desde que el socialdemócrata ganó la Presidencia del país el pasado 20 de agosto, el Ministerio Público busca para desacreditar su partido, el Movimiento Semilla, mediante allanamientos a las instalaciones electorales, orden de suspensión de la personería jurídica del partido político e investigaciones al mismo.

Frente a ese actuar, las movilizaciones en la calle han sido el único recurso de una población que ya no confía en el sistema de justicia para hacer valer su decisión en la votación del 20 de agosto. «Guatemala ya votó, ya decidió. Ya votamos con V corta para tener a un nuevo presidente. Ahora nos toca botar con B larga a los enemigos de Guatemala», sentenció el manifestante Salvador Quiacaín Sac en San Pedro la Laguna, según reporta el medio local Prensa Comunitaria.

Más que una muestra de apoyo a un partido político en particular, ese paro nacional parece reflejar un deseo de defender la democracia frente a su supuesto «golpe de Estado»: «La señora Porras y su equipo no han hecho nada sino burlarse del pueblo. Pero hasta aquí llegaron sus acciones arbitrarias que atentan contra la democracia», declaraba a France 24 Diego Santiago Seto, autoridad indígena de la región Ixil, en una protesta frente a la sede del Ministerio Público.