El gobierno de Nicaragua canceló el martes la personalidad jurídica y confiscó bienes de la orden de los Frailes Menores Franciscanos y de 16 oenegés, algunas ligadas a iglesias católicas y evangélicas, argumentando que no reportaron el origen de su financiamiento.
La orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís y 16 asociaciones y fundaciones incumplieron leyes sobre el reporte de sus estados financieros, juntas directivas, detalle de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes, según una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior).
La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasarán a manos del Estado de conformidad con ley.
El gobierno de Nicaragua canceló en agosto la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua bajo acusaciones de «terrorismo», así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
Nicaragua ha cerrado más de 3.000 oenegés desde que endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de esas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.
Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su excarcelación, pero queda en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, condenado en febrero a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.
