La clase media hondureña se encuentra nuevamente en la mira de la marginación gubernamental, esta vez a manos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), que ha anunciado la suspensión del financiamiento de viviendas para este sector a partir del próximo año. La medida priorizará exclusivamente la vivienda social, aumentando el monto a financiar de 950,000 a 1,200,000 lempiras.
Edwin Araque, presidente de Banhprovi, confirmó la nueva orientación de los fondos, destacando la posibilidad de incrementar el monto a financiar con los recursos propios del banco. Aunque se asegura que se mantendrán tasas de interés del 4%, plazos de 30 años y la eliminación de pagos de prima, la decisión ha suscitado críticas, ya que aseguran que en Honduras la clase media es un pilar fundamental en la economía y es lamentable que se le limite el acceso al financiamiento de una vivienda.
César Bran, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), expresó su preocupación por la exclusión de la clase media, argumentando que es el sector con mayor demanda de viviendas. «Tenemos que buscar una solución para no dejar desatendido este sector a nivel nacional», manifestó Bran.
Contrariamente, Araque sugirió que la banca privada y las cooperativas asumirán la responsabilidad de financiar los préstamos para vivienda de clase media. Durante el último año, Banhprovi destinó más de 7,000 millones de lempiras a la clase media, financiando viviendas de dos a cuatro millones de lempiras. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de críticas, ya que algunos sectores consideran que se benefició más a los empresarios del sector inmobiliario que a los hondureños de bajos recursos.
La expectativa ahora recae en el Congreso Nacional, que se espera apruebe un aumento de 10,000 millones de lempiras para el Fondo de Vivienda el próximo año, con el objetivo de financiar la adquisición de lotes y la construcción de nuevas unidades habitacionales. La decisión final determinará si la clase media, una vez más, se verá excluida de las oportunidades de acceso a vivienda respaldadas por el gobierno.
