La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, planteó una propuesta para eliminar el decreto legislativo 117-2019, que otorga inmunidad parlamentaria, con el objetivo de poder enjuiciar a los legisladores que respaldaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).
Mena argumentó que la eliminación de dicha inmunidad es esencial para avanzar en una posible judicialización de los diputados que votaron a favor de las ZEDEs, señalando que su accionar podría constituir un delito de “traición a la patria”. En sus declaraciones, la diputada enfatizó la necesidad de responsabilizar a quienes apoyaron el polémico proyecto.
Según Mena, el decreto 117-2019 protege a los legisladores por las decisiones que han tomado, incluso respecto a decretos aprobados antes de que se implementara esta reforma en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Para ella, este blindaje limita las posibilidades de llevar a los diputados a la justicia.
Sin embargo, la parlamentaria insinuó que, aun si se deroga el decreto, los abogados defensores podrían argumentar que la reforma no sería retroactiva, lo que permitiría a los legisladores beneficiarse de la inmunidad pasada. Esta situación, advirtió, podría complicar la judicialización de los casos.
Además, criticó abiertamente el decreto, asegurando que su único propósito es proteger a los diputados involucrados en actividades ilícitas. Mena subrayó que la inmunidad parlamentaria no debe ser utilizada como escudo para evitar las consecuencias legales de acciones irregulares.
Refiriéndose específicamente a las ZEDEs, la diputada reafirmó que este proyecto contravenía los principios fundamentales de la Constitución hondureña, especialmente aquellos vinculados con la soberanía y la estructura del gobierno. Mena puntualizó que “este artículo cede la soberanía en materia de justicia”, lo que resulta inaceptable.
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, presentó esta semana una denuncia ante el Ministerio Público contra los funcionarios y legisladores que votaron a favor de las ZEDEs, exigiendo que sean procesados por “traición a la patria”.
Dixon también solicitó que el Ministerio Público obtenga una “copia certificada de la sesión” en la que se aprobaron las ZEDEs, para asegurar que las personas investigadas y procesadas sean efectivamente las que votaron en aquella ocasión. “Estamos pidiendo al Ministerio Público que pida una copia certificada”, reiteró el diputado.
