El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabeza la lista de acusados por parte de la Comisión que investigó los ataques a los tres poderes del Estado, el 8 de enero, por ser supuestamente el “mentor intelectual” del movimiento que lo calificaron de golpista. La Comisión parlamentaria Mixta terminó las investigaciones y presentó su informe. Ahora, entrará en discusión de los comisionados para su posterior votación.
Asociación criminal, violencia política, abolición del Estado democrático y golpe de Estado. Son los delitos que la Comisión parlamentaria del Congreso de Brasilse pide que se acuse contra el expresidente Jair Bolsonaro, según su informe final, tras una investigación, de cinco meses, sobre la asonada en Brasil, cuando varios manifestante bolsonaristas atacaron los tres poderes del Estado.
El informe, de más de 1.300 páginas, fue presentado por la senadora Eliziane Gama. “Desde el primer día de Gobierno atentó contra las instituciones del Estado”, dijo en su intervención, y señaló que el expresidente “nunca mostró simpatía por los principios democráticos”.
Durante a leitura do relatório final da CPMI, a relatora, senadora @elizianegama, apontou o ex-presidente, Jair Bolsonaro, como o primeiro nome na lista de indiciamentos por associação criminosa, violência política, abolição do estado democrático de direito e golpe de Estado.…
El informe concluye que el expresidente habría sido el “mentor intelectual o moral” del grupo de ciudadanos que se tomaron las instalaciones de los poderes. Lo que, para la senadora, fue una “tentativa premeditada de golpe de Estado”.
La senadora explicó que la asonada del 8 de enero, fue el resultado de una serie de acciones, que las calificó de golpistas, que se gestó antes de que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva fuera proclamado ganador de las elecciones de octubre.
Bolsonaro “desacreditó el proceso electoral a lo largo de su carrera política”, dijo Gama, al recordar que los episodios del 12 de diciembre del año pasado, con el intento de invasión de la sede de la Policía Federal, y del 24 de diciembre, con la colocación de una bomba cerca del aeropuerto de Brasilia, además de los bloqueos en carreteras y las discusiones en el senado para intentar impedir la investidura de Lula.
Por ello, calificó a estos actos como vandálicos y como “el mayor ataque a la democracia en la historia reciente”.
El bloque de parlamentarios bolsonarista rechazó el informe y dijo que presentará un informe alterno, en el que señalan al Gobierno de Lula de responsable de lo sucedido el 8 de enero, por supuestas “omisiones” en materia de seguridad para prevenir los ataques.
En total, son 61 personas acusadas por la Comisión, entre militares y policías. Además de los generales Walter Braga Neto, ministro de Defensa, y Augusto Heleno, ministro jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, del gobierno de Bolsonaro.
Ahora, entra en discusión de los comisionados y la votación del informe debería tener lugar este miércoles 18 de octubre. Hay una mayoría garantizada, al ser del oficialismo, entre los 32 integrantes de la Comisión.
