Panamá, el país más rico de Centroamérica, hace más de tres semanas inició movilizaciones de colectivos sociales, manifestaciones callejeras y carreteras bloqueadas que acabaron con la tranquilidad del país.

 

 

El aumento de los precios de alimentos, medicinas y combustibles desbordó el descontento ciudadano dando pie a otras demandas de tipo político y social.

 

 

El gremio educativo comenzó las protestas con una huelga indefinida y se fueron sumando sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la población.

 

 

 

Con el país al borde de un estallido social y más de US$500 millones en pérdidas estimadas en la cadena de producción por los disturbios, el gobierno ha tratado de calmar los ánimos con concesiones.

 

 

 

El presidente Laurentino Cortizo congeló el precio de la gasolina en US$3,95 por galón -se llegó a disparar a más de US$5- y finalmente lo bajó a US$3,25 dólares.

 

 

 

También anunció subsidios a algunos alimentos y una reducción del gasto del 10%, pero gremios y sindicatos consideran estas medidas insuficientes y continúan las negociaciones en un ambiente de tensión que amenaza con estallar en cualquier momento.