De acuerdo al artículo 324 de la Constitución de la República, los diputados y magistrados que en 2012 votaron a favor de la destitución de los magistrados deben pagarles, ahora, la indemnización millonaria impuesta al Estado hondureño por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según este artículo “se ejercerá la acción de repetición en contra de la persona funcionaria que, en el ejercicio de su cargo, infringe la ley con culpa o dolo en perjuicio de particulares”.
Por tanto, según el analista Joaquín Rivera, la Procuraduría General de la República debe presentar demandas civiles en contra de las personas diputadas que votaron por esa destitución ilegal y de las personas magistradas que no resolvieron a favor el recurso de amparo presentado por las víctimas.
Los tribunales, agrega, tienen el deber de admitir tales demandas y condenar a las personas funcionarias (diputadas y magistradas) que son responsables de esta condena internacional para que paguen con sus bienes y recursos las indemnizaciones millonarias ordenadas por la Corte IDH.
Como sociedad, dice Rivera, podemos iniciar un proceso de identificación de las personas diputadas y magistradas, con sus caras, nombres y apellidos, para exigir que la Procuraduría General de la República y los tribunales les condenen el pago de tales indemnizaciones millonarias.
Conforme a la sentencia de la CIDH, el Estado debe pagar a cada una de las víctimas 80 mil dólares por indemnización; 400 mil por daño material; 25 mil por daño moral, 10 mil por gastos y 30 mil por costas.
