La tensión entre el presidente de Chile, Gabriel Boric, y la Corte Suprema del país trasandino no para de escalar desde que el viernes último el mandatario manifestara que en el juicio a Jorge Mateluna, una de las 13 personas beneficiadas con el indulto dispuesto por el jefe del Gobierno en la agonía del 2022 hubo serias irregularidades.
Mateluna es un exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo armado chileno de ideología marxista-leninista que actuó de manera violenta durante la dictadura de Augusto Pinochet y en los primeros años de la democracia recuperada. Al momento de recibir el perdón presidencial, el exguerrillero purgaba en la cárcel una condena de 16 años de prisión por su participación en un asalto perpetrado en 2013 contra la sucursal del Banco Santander en Pudahuel, al noroeste de Santiago.
Mateluna fue detenido “en flagrancia” por estos hechos y la investigación demostró su participación “en calidad de autor”, “lo que fue refrendado en todas las instancias judiciales” en forma unánime, incluida la Corte Suprema.
El Pleno de la Corte Suprema una declaración pública, en la cual le recuerda al Presidente, Gabriel Boric, la separación de los poderes y rechaza los dichos del mandatario respecto al caso del ex frentista Jorge Mateluna, a quien indultó la semana pasada, según sostuvo, debido a que tiene la “plena convicción de su inocencia”.
La Corte señaló que “atendidas las expresiones efectuadas por el Presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1 y 2 de enero del actual, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República”.
Este inciso establece que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley” y refuerzan que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
Las otras 12 personas alcanzadas por la medida se encontraban detenidas e imputadas por la comisión de supuestos delitos durante el estallido social y las masivas manifestaciones callejeras que se registraron en el país sudamericano desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020 contra la política económica del entonces presidente Sebastián Piñera.
El conflicto arrojó el luctuoso saldo de 34 muertos y al menos 400 heridos oculares por la represión, según registros oficiales.
