Familiares de personas privadas de libertad denuncian el abandono del Estado ecuatoriano y la extorsión por parte de las bandas delincuenciales que controlan el interior de algunas de las principales cárceles del país, un reflejo de cómo el narcotráfico y la criminalidad han penetrado las estructuras para dictar sus propias reglas.
En Ecuador, ir a la cárcel cuesta dinero. Al menos 300 dólares en un país en donde el salario mínimo se sitúa en 460 dólares. Este es el precio que las bandas delincuenciales le pidieron a Andrea Zambrano para asegurar la vida de su hijo dentro del penal del Litoral de Guayaquil, a donde ingresó en enero de 2023.
Estas bandas, ligadas al narcotráfico, controlan el interior de varias prisiones del país, pero también los movimientos en los barrios humildes como el de Andrea, quien desde su casa en el sur de Guayaquil habla con nombre ficticio por temor a represalias.
En la oscuridad de un hogar humilde, que apenas cuenta con una planta gris sin ventanas en la que se acumulan el polvo y los pocos y viejos electrodomésticos de la familia, Andrea cuenta que el encarcelamiento del segundo de sus cuatro hijos se produjo hace poco más de un año luego de ser detenido mientras compraba marihuana. Fue a un conocido lugar de venta en el barrio, cuando la policía entró y se llevó a todos los que se encontraban allí.
