Tegucigalpa- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reiteró la importancia que tiene hoy para su país la aprobación de la ley de Justicia Tributaria, cuyo objetivo es eliminar los abusos de las exoneraciones.
Durante una visita a la construcción del nuevo hospital en Salamá, Olancho, la jefa de Estado señaló que esos proyectos son financiados con impuestos del pueblo, por lo cual urgió aprobar la referida normativa para que paguen más quienes más ganen.
“Cuando los impuestos que ustedes pagan si invierten bien de manera transparente los resultados son tangibles, se ven. Y cuando yo le digo que reclamemos y que pidamos que se apruebe la ley de Justicia Tributaria es precisamente para que los que más ganen paguen sus impuestos, es porque se ocupan más obras como estas”.
Según la mandataria, no se le pueden poner más impuestos al pueblo hondureño, pero se necesita más porque hay una deuda social por cumplir, y llamó a pagar a los que nunca lo han hecho para que las obras lleguen a todas las comunidades.
“Qué lástima que cada cuatro años eligen diputados para el Congreso Nacional y algunos llegan ahí y se les olvida por quiénes fueron nombrados, se les olvida que fue el pueblo quien votó por ellos para que lo vayan a representar y al final terminan representando a un pequeño grupo”, subrayó.
El ministro de finanzas de Honduras, Christian Duarte, explicó en redes sociales cuáles serían las consecuencias para esta nación centroamericana de no aprobarse la ley de Justicia Tributaria.
Según el titular Honduras podría ser considerada una guarida fiscal, lo cual afectaría la reputación del país a nivel internacional.
Además, aumentaría el costo de créditos y la percepción y negativa encarecería los préstamos perjudicando al sector privado, al Gobierno, a la oposición y a los pequeños productores.
Asimismo, el país ingresaría a la lista gris de naciones no cooperantes con organismos financieros internacionales lo que impactaría en su cooperación y financiamiento.
El referido proyecto de la normativa se presentó hace más de un año en el Congreso Nacional para su discusión y aprobación, pero diputados del Partido Nacional y otras fuerzas políticas contrarias al Gobierno, mantienen la negativa.
Vía (PL).
