Unos 1.000 migrantes cruzaron ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos este miércoles, dos días después de un incendio en un centro de detención que mató a al menos 40 personas en la mexicana Ciudad Juárez, informaron autoridades estadounidenses.

La patrulla fronteriza señaló en Twitter que los migrantes, principalmente venezolanos, llegaron a El Paso (Texas) para entregarse a sus agentes.

Pero recordó que sigue vigente su facultad para expulsarlos bajo el Título 42, una disposición del gobierno del expresidente Donald Trump que permite expulsar automáticamente a los migrantes para evitar la propagación del covid-19.

En la práctica, esa norma se ha convertido en una medida antimigración, según oenegés.

«Las fronteras no están abiertas y la gente no debería hacer el peligroso viaje. Los migrantes que ingresan ilegalmente están sujetos a expulsión y repatriación», advirtió en Twitter el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raul Ortiz.

Los migrantes pasaron a pie el río Bravo (río Grande en Estados Unidos), que marca la frontera entre los dos países.

Entre los migrantes circuló el rumor de que Estados Unidos estaba dispuesto a recibirlos por razones humanitarias.

El miércoles temprano, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, mencionó vagamente la posibilidad de que los migrantes heridos en el incendio (27) recibieran «asistencia médica aquí en Estados Unidos», tras contactos con «funcionarios mexicanos sobre el terreno».

En Ciudad de México, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, agradeció a las autoridades estadounidenses «que efectivamente han ofrecido su apoyo».