El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha alertado sobre el creciente desplazamiento forzado en Honduras, señalando un aumento de casos relacionados con extorsiones, amenazas, asesinatos, homicidios, despojo de propiedades, trata de personas y el reclutamiento de niños y jóvenes. Según el ente estatal, estas problemáticas han impactado significativamente en el desplazamiento forzado de personas, marcando una tendencia al alza que se evidencia en los registros del año 2023.
A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, como la instauración del Estado de excepción, el Conadeh sostiene que los resultados no han cumplido las expectativas de la población, ya que la violencia no ha disminuido. Según el recuento preliminar de quejas atendidas, el desplazamiento forzado interno sigue en crecimiento.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, destacó que en el 2022 se atendieron quejas de 21 municipios, concentrándose el 77.9% de los casos en el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba. Este fenómeno tiene una relación estrecha con el alto índice de violencia en las principales ciudades del país.
Reyes señaló que ciertos sectores, como mujeres, comerciantes y transportistas, están siendo fuertemente afectados por el desplazamiento forzado. La extorsión, una de las principales causas, ha llevado a la paralización de rutas de transporte, impactando la movilidad y los medios de subsistencia.
De las 10,556 quejas atendidas por el Conadeh en 2022, el 13.4% estuvo relacionado con situaciones de desplazamiento interno. Las «maras y pandillas» fueron identificadas como principales agresores en el 30.6% de las quejas, mientras que en el 27.8%, familiares, parejas, vecinos y empleadores fueron señalados como agresores.
Más de 100 perfiles de profesiones y ocupaciones están siendo afectados por el desplazamiento forzado, según el Conadeh. Operadores de justicia en zonas de alto riesgo son obligados a abandonar sus comunidades por la amenaza de grupos criminales.
Reyes instó a las autoridades de seguridad a brindar protección a los afectados, considerando que una persona desplazada es altamente vulnerable. En el 2022, el 54% de las quejas fueron interpuestas por hombres, mientras que el 46% restante fue presentado por mujeres, vinculado a violencia de género, abuso sexual y violencia intrafamiliar, entre otros factores de riesgo. Las edades de las víctimas oscilan entre los 31 y 59 años en un 64% de los casos.
