El Gobierno de Chile agilizará la expulsión de personas extranjeras cuando hayan cometido algún delito de gravedad o faltas reincidentes eliminando con su nueva Política Nacional Migratoria la obligatoriedad de que las autoridades previamente notifiquen la deportación al afectado presencialmente y en su domicilio.

«El Estado a veces no conocía ni el domicilio ni tan solo el nombre verdadero de las personas que había decidido expulsar. Ese paso se transformaba en algo imposible de llevar a cabo. El cambio hace que el Estado chileno sea más eficaz», anunció el subsecretario chileno de Interior, Manuel Monsalve, en la presentación de la nueva Política Nacional Migratoria.

El subsecretario informó que ahora la policía chilena podrá notificar la deportación por carta certificada o por correo electrónico, e incluso iniciar el proceso inmediatamente cuando se presente una denuncia para la expulsión ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Con la nueva ley, el Gobierno pretende reducir las causales para la regulación a extranjeros que demuestren un vínculo laboral estable y formal o lazos familiares y ampliar las causas para las expulsiones, permitiendo deportar a personas inmigrantes si cometen cinco «faltas o incivilidades en un periodo de dos años», detalló Monsalve.