La Cancillería de Perú envió un contundente mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciando «un nuevo acto de injerencia por parte del mandatario.
El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota a la Embajada de Colombia para expresar «la enérgica protesta del Perú por el nuevo acto de injerencia del Presidente Gustavo Petro en temas de política interna, conducta no consistente con las normas del Derecho Internacional».
Según menciona la cartera, la nota enviada a Colombia se refiere a declaraciones de Petro sobre los hechos ocurridos en el campus de la Universidad de San Marcos en medio de las protestas que ya completan varios días en Perú.
«Sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta que todo Jefe de Estado debe observar en cumplimiento del Derecho Internacional», dice la Cancillería.
El presidente colombiano exigió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que examinara «el caso de Perú» tras la decisión del Gobierno andino de iniciar un operativo policial en el centro educativo para desalojar a los manifestantes que se habían encerrado en sus instalaciones en una actuación que se saldó con al menos 205 detenidos y críticas de organismos internacionales.
Específicamente el reclamo del Gobierno peruano se debe a un mensaje en el que el presidente Petro expresaba: «Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú».
El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, ha explicado anteriormente que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención, como han venido denunciando organizaciones de Derechos Humanos.
Organismos como Amnistía Internacional han condenado el «uso desproporcionado de la fuerza» y respeto a los Derechos Humanos. «El estado de emergencia no suspende el debido proceso. Las personas detenidas deben tener acceso a su defensa en todo momento y contar con intérpretes de necesitarlo. Se mantiene la prohibición de incomunicación y de tratos crueles e inhumanos», ha recordado el organismo internacional
