En 14 ocasiones, el Gobierno de Honduras extendió el estado de excepción, una medida que, según expertos, se convirtió en un modelo de seguridad con resultados limitados y preocupantes implicaciones para los derechos ciudadanos.
“Lamentablemente, las instancias de seguridad y defensa mantienen esta medida como un modelo de seguridad, lo cual es peligroso e incorrecto. El Estado debería garantizar y proteger los derechos y garantías ciudadanas, no suspenderlos ni limitarlos”, advierte Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Desde el 5 de diciembre del 2022 que se implementó esta medida, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), recibió más de 600 quejas por abusos y violaciones cometidas por uniformados durante operativos y allanamientos.
Según las víctimas, algunos de estos abusos han sido justificados, mientras que otros han involucrado la implantación de pruebas falsas.
“La mala percepción de esta figura se debe a que impulsa el abuso de poder, la violación de derechos humanos y la autoridad excesiva”, agrega Castañeda.
A pesar de las afirmaciones de la Secretaría de Seguridad sobre los resultados obtenidos bajo el estado de excepción, los datos no coinciden con los registros del Ministerio Público y el Poder Judicial.
