Un tribunal de inmigración de EEUU decidió que un documento que recibieron miles de cubanos al ser liberados tras cruzar la frontera conocido como I-220A no cumple los requisitos para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. La decisión podría ser apelada.
Los cubanos pueden solicitar residencia permanente en EEUU tras permanecer en el país durante un año y un día, bajo una ley de 1966 llamada Ley de Ajuste de Refugiados Cubanos.
La corte consideró que el documento I-220A, un «parole condicional» que recibieron miles de cubanos tras cruzar la frontera, no cumple los requisitos de haber sido «inspeccionados y admitidos» en EEUU, como exige la Ley de Ajuste.
«La libertad bajo parole condicional (…), es legalmente distinta de la libertad bajo parole humanitario», indica el fallo de la Junta de Apelación de Inmigración de EEUU, hecho público este lunes.
Los inmigrantes que recibieron I-220A «no han sido ‘inspeccionados, admitidos o puestos en libertad condicional’ y, en consecuencia, no son elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste» Cubano, refiere la decisión.
Algunos cubanos que cruzaron la frontera y fueron liberados bajo palabra (parole) con la condición de reportarse ante las autoridades dos meses después y llevar un rastreador electrónico, en cambio, han sido elegibles para recibir la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, dijeron a la Voz de América.
En junio del año pasado The Associated Press reportó que la Patrulla Fronteriza de EEUU estaba otorgando más parole a los inmigrantes que cruzaban la frontera como un método «más eficiente» para liberarlos y evitar la sobrepoblación en albergues y centros de detención.
Yurialis Ochoa, una cubana que cruzó la frontera y vive en Miami, dijo el fallo de la corte le da «mucho miedo y también mucha incertidumbre».
La mujer recibió un I-220A al ser liberada y luego solicitó asilo mientras esperaba que transcurriera un año desde su entrada para pedir la residencia bajo la Ley de Ajuste. «Esta noticia me da mucha desesperanza», dijo.
La decisión de la corte se produjo tras una apelación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la decisión de un juez en Florida que consideró legal en 2022 que un migrante cubano que cruzó la frontera y fue liberado con un formulario I-220A recibiera la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste.
