Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público (MP) emitió un nuevo comunicado sobre los avances en la investigación del caso Koriun Inversiones, la estafa piramidal que dejó a cientos de hondureños sin sus ahorros y que ha mantenido en vilo a las familias afectadas durante varios meses. Según el documento oficial, las autoridades continúan «avanzando» en la recopilación de testimonios, aunque los resultados concretos siguen siendo escasos.

«El Ministerio Público toma declaración a afectados en el caso Koriun Inversiones en el departamento de Choluteca, y continuará avanzando con la recepción de testimonios de más personas», señala el comunicado oficial. Esta declaración llega en un momento en que la presión social por obtener respuestas y la devolución del dinero perdido se intensifica entre los damnificados.

La investigación ha logrado la detención de dos personas vinculadas a la empresa fraudulenta, sin embargo, la identidad de los autores intelectuales y los verdaderos responsables del esquema piramidal permanece en el misterio. Esta situación ha generado frustración entre los afectados, quienes consideran que las autoridades no han actuado con la celeridad que el caso amerita.

Las autoridades hondureñas habían prometido inicialmente la devolución del dinero a los afectados, pero después de varios meses, los avances se limitan a la toma de testimonios, una acción que muchos consideran debió realizarse desde el inicio de la investigación. La falta de resultados tangibles ha erosionado la confianza de los damnificados en el sistema de justicia.

«Reafirmamos nuestro compromiso de deducir responsabilidades penales contra todos los implicados en esta estafa piramidal, la cual ha generado graves perjuicios económicos y sociales», concluyó el comunicado del MP, reiterando su compromiso con la investigación pero sin ofrecer plazos específicos para su conclusión.

En paralelo a la investigación penal, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) ha revelado detalles sobre los activos recuperados de Koriun Inversiones. Según explicó el director de la OABI, Marco Antonio Zelaya, se han incautado 14 vehículos, una sociedad mercantil, un terreno y una cantidad de dinero que aún no ha sido cuantificada oficialmente.

La situación se complica por el hecho de que el dinero incautado permanece bajo custodia del Ministerio Público como evidencia probatoria, lo que impide su ingreso inmediato a la OABI para su posterior distribución entre los afectados. «Todos sabemos que cuando el dinero sirve de evidencia probatoria se debe de esperar que termine el proceso para que entre a la institución», explicó Zelaya.

Esta circunstancia legal genera un círculo vicioso que mantiene a los damnificados en la incertidumbre, ya que no se conoce la cantidad exacta de dinero recuperado ni si será suficiente para compensar las pérdidas sufridas. «Necesitamos que se informe a cuánto asciende el dinero que tiene el Ministerio Público y la lista de personas a quienes se les debe para determinar si ajusta o no», enfatizó el funcionario de la OABI.

El caso Koriun Inversiones se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de los ahorristas hondureños ante esquemas fraudulentos y ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema financiero y de justicia del país para prevenir y sancionar este tipo de delitos. La estafa ha afectado principalmente a familias de clase media que confiaron sus ahorros en promesas de altos rendimientos que resultaron ser falsas.

La demora en la resolución del caso ha generado protestas y manifestaciones de los afectados, quienes exigen no solo la devolución de su dinero, sino también que se haga justicia y se sancione ejemplarmente a todos los responsables. Mientras tanto, la investigación continúa su curso lento, dejando a cientos de familias en una situación económica precaria y con pocas esperanzas de recuperar sus ahorros en el corto plazo.

El caso Koriun Inversiones representa uno de los fraudes financieros más significativos de los últimos años en Honduras y su resolución será un indicador importante de la capacidad del sistema de justicia para proteger a los ciudadanos de este tipo de delitos económicos.