La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el acuerdo minero entre el Estado y la filial de una empresa canadiense. El acuerdo inicial llevó a miles de panameños a protestar durante días para que no se llevara a cabo.
En una carta de renuncia dirigida al presidente Laurentino Cortizo y compartida en las redes sociales, Alfaro mencionó el contrato, que sus detractores consideran leonino a favor de la minera.
«El fallo (…) podría acarrear graves consecuencias para el país como lo son la pérdida de empleos e inestabilidad económica, reclamos internacionales de los inversionistas, el impacto al grado de inversión», escribió Alfaro.
Cortizo nombró a Jorge Rivera como reemplazo de Alfaro, según un comunicado de la Presidencia.