El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), ha iniciado una investigación sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos destinados a obras de mitigación de riesgos por desastres naturales en el país.
Un equipo especializado del MP está llevando a cabo inspecciones, avalúos y toma de declaraciones en varias partes del país, centrándose en la construcción de puentes cuyo objetivo era reducir el riesgo y la vulnerabilidad ante desastres naturales. Estos proyectos afectan a municipalidades amenazadas por los efectos del cambio climático.
Estas obras de mitigación fueron financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el cual el gobierno hondureño firmó en 2010 un convenio de préstamo por más de 400 millones de lempiras. El proyecto estaba diseñado para desarrollarse en 10 municipios prioritarios debido a su alta vulnerabilidad, ubicados en los departamentos de Copán, Lempira, Ocotepeque, Atlántida, Santa Bárbara, El Paraíso, Choluteca, Olancho y Colón.
Entre los municipios beneficiados por este proyecto se encuentran Corquín (Copán), Gracias, Lepaera y San Manuel Colohete (Lempira), Sensenti, San Marcos y San Francisco del Valle (Ocotepeque), Tela (Atlántida), así como Atima y San Luis en Santa Bárbara.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de investigar todos los actos irregulares cometidos contra el Estado de Honduras y en perjuicio del pueblo hondureño por la mala gestión de fondos públicos.
